POR NARCISO ISA CONDE.- La corrupción impune del gran capital tiene dos modalidades: una es corrupción legalizada y otra ilegal. Una cuenta con leyes y decretos hechos a la medida del interés empresarial de estafar; y otra, con igual fin, le pasa por encima a las leyes de su propio sistema. Las dos cuentan con un manto de impunidad cuasi blindado. Es el caso de las AFP y ARS.
Esto ha convertido la seguridad social, incluida salud y vida, que deberían ser derechos humanos inalienables, en negocios seguros de alta rentabilidad e inadmisible crueldad bajo protección estatal; generando indignaciones que van gestando rebeldías masivas en la medida que el pueblo -ayudado por los aportes de personas como Matías Bosch e importantes investigadores y dirigentes del Movimiento por una Salud Digna – va adquiriendo conciencia de la gran estafa de que está siendo víctima.
Vale destacar algunas cifras: el robo legalizado le permite a las AFP privadas apoderarse del 10% del rendimiento de los multimillonarios fondos de pensiones. Así acontece con el 1.15 % de la comisión establecida por la ley 87-01, a manera de asignación abusiva a esas empresas parasitarias, la mayoría dependientes de grandes bancos privados. Esto representó ganancias de 7,857 millones en los primeros 8 meses del 2021, que proyectadas al año completo sobrepasan los 12,000 millones.
Pero además del robo legalizado, ahora acaba de producirse un atraco fuera de ley. Un gran “tumbe”, como bien dice Matías: las AFP privadas (léase los grandes bancos) han sustraído 9,000 millones de pesos de los fondos de los/as trabajadores/as cotizantes, violando el artículo 100 de la ley 87-01; lo que ha podido confirmarse examinando la Cuenta de Capitalización Individual (CCI) de los/as cotizantes. Es decir, las míseras pensiones de centenares de miles de trabajadores/as han sido rebajadas para enriquecer más a los dueños de grandes bancos.
Por su parte, las ARS privadas casi triplicaron sus ganancias en medio de la pandemia. Sus beneficios subieron de 1,144 millones en el 2019 a 2,683 durante la fase aguda de la COVID-19. Esto con la complicidad del Gobierno que las exonera de pagar las pruebas y cargó con el costo multimillonario de ese servicio. Siete de ellas captaron el 50 % de ese asalto desalmado.
En síntesis, la respuesta popular es una demanda colectiva contra el “tumbe”, una gran movilización el 24 de abril, una huelga cibaeña el 25 de abril y un proyecto de ley que incluye disolver ARS y AFP, demanda fundamental. Si no tomamos calles y plazas, bancos y gobierno se imponen. ¡No hay de otra!
